El Gobierno se ha tomado vacaciones y se ha fiado a la única salida que le queda: la financiación que espera recibir de la Unión Europea (UE). Una reunión maratónica del Consejo Europeo a finales de julio acordó su presupuesto plurianual y “un esfuerzo específico de recuperación” bautizado como Nueva Generación UE (NGUE) que consistirá en ayudas no reembolsables. Como al final de lo que estamos hablando es de dinero, se trata de un paquete total de 750.000 millones de euros, de los cuales 360.000 millones serán créditos y 390.000 se destinarán a la denominada reconstrucción, que implica financiar planes de reformas estructurales y el apoyo a las políticas de mejora digital y al pacto verde. La gran innovación del plan es que los recursos para financiarlo van a salir de emisiones de deuda con respaldo de las 27 naciones, es decir lo que se denomina mutualización. España espera recibir 140.000 millones de euros de estos fondos, de lo que no hay ninguna garantía de momento y para lo cual deberá entregar un plan de reformas y reconstrucción a la Comisión Europea (CE). Parte de ese plan ha sido pactado en la comisión parlamentaria para la reconstrucción económica entre el gobierno y la oposición. Mientras tanto el gobierno debe pactar la ley de presupuestos para 2021 que deberá resultar también de una negociación con la oposición en septiembre. Lo que está en juego es un reparto de recursos que supone un duro enfrentamiento entre los diferentes grupos capitalistas para dirimir quién sobrevive a la brutal crisis del capital.
Una crisis “histórica”
El acuerdo de la UE fue alabado por la prensa internacional como “histórico”. Lo que hace historia es la dimensión de la crisis considerada peor que la de 1929. En estas condiciones el pacto, incluida la mutualización de la deuda, lo que refleja es el intento desesperado por evitar la desintegración definitiva de la Unión Europea (UE). El cambio de posición de Alemania al promover el endeudamiento común pretende salvar al Euro de una catástrofe por la inevitable crisis fiscal de las naciones más débiles del bloque económico. España, Grecia, Portugal e Italia, son incapaces de financiarse en los mercados a costes sostenibles y Europa se hubiera visto sumergida en una definitiva crisis de deuda soberana con todas sus consecuencias, incluido un quebranto generalizado de los bancos. Incluso Francia que ha inyectado más de 600.000 millones de euros en su economía para paliar el efecto de la crisis necesita las ayudas con desesperación. Sin embargo esta masa de dinero es un nuevo intento de salvar a los capitalistas de su agonía destinado a fracasar. Mientras tanto las condiciones de la concesión de las ayudas que espera el Gobierno no están definidas, y tardarán en llegar, aunque si están sugeridas sus condiciones generales: las reformas estructurales.
Un déficit imparable
El Banco de España anunció el 17 de agosto que la deuda pública había alcanzado en junio los 1,289 billones de euros. Esto supera al producto interior bruto del cuatrimestre anterior en el 110%, una cifra que según El País no se alcanzaba desde 1905. Entonces el país sufría el gasto bélico en Cuba y Filipinas y las pérdidas coloniales. La deuda pública sigue su curso ascendente y el Gobierno deberá buscar formas de contener el déficit. Este está desbocado por la crisis que ha empujado a una inmensa transferencia de recursos a los capitalistas. Eximidos de las cuotas sociales de los trabajadores en expedientes de regulación de empleo, con las prestaciones por ERTE a cargo de la Seguridad Social estamos ante un saqueo sin precedentes de las arcas públicas en beneficio de los explotadores. El sector turístico que estima sus pérdidas para este año en 99.000 millones de euros solicita que se extiendan los ERTE hasta la Semana Santa de 2021. El final de los ERTE supondrá despidos en masa y un fuerte repunte del desempleo lo que a su turno va a promover un mayor endeudamiento del estado.
El Gobierno de España tiene ante si el escenario de una consolidación del déficit fiscal por la vía de una reducción estructural del gasto lo que implica un ataque directo a las pensiones, con la introducción de una cuenta de capitalización que sustituya el despido y sirva de base de la jubilación. Para ello tendrá que modificar el estatuto de los trabajadores. Va a acometer este plan por la vía de los Pactos de Toledo que ha resucitado el Gobierno de coalición PSOE UP. Tardará en ello lo que sea necesario, pero es un compromiso adoptado con Bruselas el año pasado.
La consolidación presupuestaria va a atacar todos los beneficios sociales, así como a los sectores de la sanidad y la educación públicas. El Gobierno ya ha renunciado a financiarse mediante impuestos extraordinarios para no tocar los intereses de los capitalistas, mientras tanto la recaudación de la Seguridad Social cae a mínimos históricos por el desempleo y la falta de cotización de las cuotas sociales por las empresas. El desastre ya está en pleno despliegue. Entre otras cosas por el empuje de Bruselas con quien el gobierno de Pedro Sánchez ya estableció compromisos a través del programa de acción enviado por Nadia Calviño a Bruselas en 2019. Por detrás de esta escena se desenvuelve una lucha de fieras entre grupos capitalistas por hacerse de los recursos que el estado repartirá con cargo a las promesas de Bruselas.
Quiebras, paro, pensiones y el derrotero de la “izquierda” y los sindicatos
El escenario está preparado para que la ausencia de recuperación económica desemboque de aquí a diciembre en una ola de quiebras de empresas de todos los sectores, empezando por la hostelería y el turismo, pero incluyendo a las pequeñas industrias y el sector de servicios. Si no hay una prórroga masiva de los ERTE extraordinarios en línea con los decretos Covid que acaban el 31 de septiembre, los despidos van a comenzar en octubre bajo la forma de los expedientes de regulación de empleo (ERE). No hay esperanza de recuperación porque a la crisis de sobreproducción se le ha sumado el efecto de la pandemia.
Mientras tanto el resucitado Pacto de Toledo es el escenario en el que se deberán pactar la reforma de las pensiones y este organismo requiere del consenso con los partidos de la oposición, PP, C’s, y los nacionalistas, y por añadidura el de los sindicatos, los denominados agentes sociales. Tanto Comisiones Obreras (CCOO) como la Unión General de Trabajadores (UGT) están metidos hasta la cintura en su compromiso con los planes privados de pensiones de empresa y los planes de pensiones europeos (PPE). Los primeros ya existen y tienen participación directa de los grandes sindicatos que cobran comisión por la gestión de los recursos. Los intentos del gobierno por reformar las pensiones en el sentido en el que ya ha señalado el ministro de la Seguridad Social José Luis Escrivá -aumento de la edad de jubilación y otros ajustes finos- va a provocar reacción social, al igual que el objetivo de implantar una cuenta de capitalización, la “mochila austriaca”, que requiere la reforma del Estatuto de los Trabajadores.
En este cuadro el estallido de la resistencia al cierre de empresas, a los despidos, a las reformas para contener el déficit fiscal, en pensiones, sanidad y educación, se va a agudizar. Es por esto que los sindicatos operan con el objetivo de aislar a los conflictos y derivarlos hacia la presión sobre los partidos políticos. Buscan desactivar la acción directa y “parlamentarizar” la acción de los trabajadores. Esto ha sido especialmente visible en el conflicto de Nissan en el que la huelga contra el cierre de la empresa se mantuvo en el más absoluto aislamiento mientras se levantó la consigna de la “socialización de Nissan” impulsada por Anticapitalistas con el apoyo del sindicato combativo CGT y la CUP aunque con el respaldo parlamentario de Unidas Podemos (https://www.lainformacion.com/espana/iglesias-nacionalizaciones-nissan-alcoa-empleo-cataluna-galicia/6570877/). Una consigna destinada a desviar la movilización de lo que debía ser su eje central, la ocupación de la planta para ponerla a producir bajo control de los trabajadores.
La “socialización” en realidad era la propuesta de comprar Nissan a los capitales japoneses, para “fabricar lo que la sociedad necesitara”. Es decir socializar las pérdidas de Nissan y cargar el coste al presupuesto del estado. Bajo el capitalismo no hay ninguna posibilidad de socializar la producción, salvo que ésta se haga bajo el control de los trabajadores que disputan al capital la titularidad de los medios de producción. El parlamento burgués a lo máximo que puede llegar es a votar un crédito extraordinario para indemnizar a los propietarios de los medios de producción. Finalmente la lucha acabó en un aplazamiento del cierre en un año, la prejubilación de una parte considerable de la plantilla y un aumento nominal sobre los despidos de los que no se prejubilan. A esto no se lo puede llamar un triunfo. Mientras han quedado tirados los 25.000 trabajadores de las industrias auxiliares y todos los subcontratados a través de Acciona. Esta es la estrategia de la burocracia sindical, dividir, aislar y pactar “la mejor solución posible”.
Esta estrategia va de la mano de la lucha por el control de las plataformas y organizaciones sociales con el objetivo de neutralizar sus luchas. Una reforma de las pensiones sin el control de la Coordinadora Estatal por la Defensa del sistema Público de Pensiones (COESPE), que fue el motor de las luchas de los pensionistas bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, sería impensable. Este es el origen de la lucha por el control de COESPE por parte de dos fracciones enfrentadas que ha sumido a esta plataforma social en una lucha de aparatos que desprecia la acción de masas independiente. UP virtualmente ha logrado su control expulsando al ala más combativa de la dirección. (http://independenciaobrera.org/crisis-y-division-en-el-movimiento-de-pensionistas-por-una-asamblea-democratica-y-de-bases-de-la-coespe-por-la-huelga-general/)
Rebrote, sanidad, educación y los combates que se avecinan
La política del Gobierno de “Nueva Normalidad” fue un intento de coexistir con la pandemia que ya ha fracasado. España está a la cabeza de los contagios en Europa y tiene la mayor incidencia por habitantes. El objetivo era poner en marcha la economía, en especial que el turismo fluyera. Pero el incremento de los contagios y la precariedad de las medidas para contener la Covid-19 llevaron a una multitud de países a desaconsejar el veraneo en España. Entre ellos Reino Unido, Francia y Bélgica, motores del sector. Parte de este desastre es que mientras avanzan los contagios el sistema sanitario no se ha reforzado. El Gobierno ha postergado el 20 de agosto una reunión con los presidentes de las autonomías para fijar las condiciones de reapertura de los colegios y dice que la reunión se hará a finales de agosto o principios de septiembre. Mientras tanto los docentes en Madrid han declarado una huelga coincidiendo con la reanudación de las clases porque consideran que no existen condiciones mínimas para la reapertura del curso. La sanidad y la educación están en manos de las autonomías y estas no han aplicado los recursos necesarios para hacer frente a las exigencias del sistema sanitario ni a las condiciones indispensables para reanudar los cursos escolares que serán la base de una nueva ola de contagio comunitario.
Los sanitarios y los médicos sufrieron la primera ola de la pandemia sin recursos y en precariedad absoluta. El escenario de estrés se insinúa de nuevo sin que hayan logrado el objetivo de al menos las contrataciones de sanitarios y médicos necesarios para hacer frente a una nueva ola. La Comunidad de Madrid lisa y llanamente se ha reído de estas necesidades y no ha renovado la contratación de los médicos y sanitarios convocados en el momento de la emergencia. Mientras tanto los sindicatos del sector de la Sanidad no han planteado la confluencia de la lucha de la denominada Marea Blanca con el resto de los sectores en combate, ni se han planteado una huelga general del sector a la vista del avance de la Covid-19. Es más los médicos internos residentes (MIR), es decir los que se forman para una especialidad y que soportaron buena parte de la crisis de la pandemia con su trabajo, lanzaron una lucha en solitario este verano sin el apoyo del resto de la comunidad médica o de los sindicatos de la sanidad por mejores sueldos. La política de mantener los conflictos en el aislamiento, hospital por hospital, y estos separados del sector de la educación, la Marea Verde, y el resto de las luchas obreras, es un tributo al Gobierno de Progreso que prepara la consolidación presupuestaria.
Crisis política, crisis de régimen
De este caldero emanan los vapores de una colosal crisis política y de régimen. Choques dentro de la coalición entre PSOE y UP por la salida del ex rey Juan Carlos de España. Remodelación de cargos dentro del Partido Popular con el despido de la portavoz Cayetana Álvarez de Toledo, enfrentada a los barones regionales que han obtenido mayoría electoral en sus regiones. Los relevos son perfiles más moderados tras el intento fracasado de precipitar la caída del gobierno de Pedro Sánchez. Derrota estrepitosa del candidato del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz designado por Pablo Casado, y expresión de la derecha aznarista. Descalabro de Vox en las elecciones del País Vasco y Galicia. Ciudadanos cambia el 20 de agosto su candidata a la presidencia de la Generalitat catalana, Lorena Roldán designada por el ex presidente del partido Albert Rivera, por el dirigente Carlos Carrizosa a la espera de la convocatoria electoral. C’s intenta así frenar la caída en las encuestas en Cataluña, donde la actual presidenta del partido Inés Arrimadas fue la candidata más votada en las elecciones de 2017 aunque acabó desplazada por la coalición nacionalista de Esquerra Republicana de Catalunya y Junts x Catalunya. Por su parte UP se lame las heridas a la vista de su fuerte caída electoral en el País Vasco y especialmente en Galicia.
Los reacomodos en el PP y C’s además de un ajuste de cuentas entre facciones enfrentadas es el resultado de un cambio de estrategia que tiene en cuenta la negociación para alcanzar un acuerdo para la ley de presupuestos del 2021 cuyo debate se iniciará en septiembre y del cual el PP y C’s esperan sacar un rédito electoral, en la medida que las encuestas electorales no les son favorables. Mientras tanto la ofensiva de la derecha ha quedado en manos de la judicatura. El Juez Manuel García Castellón ha decidido iniciar una causa general contra Podemos por su financiación sobre la base de una denuncia de uno de sus ex abogados. Los jueces van a intentar lo que los partidos de la derecha no han logrado: demoler la coalición de Gobierno mediante el procesamiento de Podemos. El papel de la justicia en España se roza con el ejercicio directo de la política. Con un Consejo General del Poder Judicial con el mandato vencido y controlado por la derecha, los jueces vienen de privar a los dirigentes catalanes presos de sus salidas a trabajar y de un régimen carcelario más blando acordado por las autoridades penitenciarias. El Tribunal Supremo se ha ocupado de que esto no sea así. La justicia española ha sufrido una seguidilla de rectificaciones por parte del Tribunal Europeo de Justicia, pero no por ello da su brazo a torcer y cuando lo hace intenta que sea lo más tarde posible. En este contexto ni la judicatura, ni la policía, ni la Guardia Civil han movido un dedo para frenar el hostigamiento al vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias. Es una verdadera declaración de impotencia del Gobierno.
Pero la quiebra del régimen sigue en paralelo al quebranto económico en un escenario en el cual nadie sabe cómo contener la descomposición económica. Esto indica una tendencia a la disolución muy relevante y un dato central de esa tendencia es la extensión de la crisis política a la propia corona. Los medios han filtrado las divergencias entre el rey Felipe VI y su padre Juan Carlos en torno al destino de su “destierro voluntario”. Los comentaristas de la prensa burguesa señalan que eligió el peor de los destinos posibles por la naturaleza de las monarquías que rigen la región, porque los Emiratos Árabes Unidos (EAU) son un paraíso fiscal en la lista negra de la Hacienda española, y por su proximidad a Arabia Saudita centro de la investigación sobre las supuestas comisiones cobradas por el ex monarca por la licitación del Ave a la Meca. De acuerdo con esas fuentes la decisión es un reto a las expectativas de su hijo y del gobierno, y dibujan en definitiva que en el seno de la propia casa real se extiende la crisis política y de régimen. La investigación sobre Juan Carlos en Suiza ha llevado a la ex amiga del rey, Corinna Larsen, a decir que: “Están convirtiendo 40 años de ‘modus operandi’ de una empresa familiar en un foco sobre mi”. Hasta los popes de la prensa burguesa como Iñaki Gabilondo se arrepienten de no haber entrado en el tema en su momento y haber mirado para otro lado.
Perspectiva obrera
Los trabajadores no pueden dar su confianza a ninguna de las variantes de la burguesía, se vista de rojo o de azul. PSOE Y UP labran la derrota de los trabajadores con la ayuda de los grandes aparatos sindicales. La derecha se apresta a poner precio a su apoyo a un presupuesto para el 2021. La quiebra de empresas, el aumento del paro, el endeudamiento destinado a una crisis fiscal, y la segunda ola de la pandemia van a elevar la situación actual hasta niveles difíciles de prever. Se avecinan acontecimientos decisivos y los trabajadores deben concretar su forma de intervenir en esta crisis generalizada. Las luchas en curso y las que se vienen necesitan una dirección que no esté comprometida con los gobiernos ni con las direcciones sindicales traidoras o los sindicatos y la izquierda conciliadora con el gobierno. Esos combates tendrán que ir avanzando también en la formación de una nueva dirección independiente, sin compromisos con las patronales el estado ni las direcciones sindicales burocráticas, hacia la construcción de un partido de la clase obrera que se fije su propia estrategia de clase bajo la consigna de su propio gobierno por la expropiación del capital y por el socialismo.
